Casación ingresará en la saga de los “cuadernos” con listado de empresarios intocables

Eclipsado por los ecos del fallo de la Cámara Federal que llevó alivio a los empresarios, el viernes último el exsubsecretario de Gestión y Control del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta presentó otro escrito en el que volvió a apuntar sobre un puñado de empresarios que, según los datos que presentó, han logrado eludir el cerco impuesto por el juez Claudio Bonadio y quedaron por fuera de la decisión de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Puntualmente señaló a Cartellone como una de las empresas beneficiadas dentro de la instrucción, pese a las sucesivas menciones de los imputados colaboradores en cuanto a la cartelización de firmas para la obtención de obra pública (Carlos Wagner), y en lo referido a las “visitas” a las oficinas de Ernesto Clarens para realizar pagos, de manera simultánea al relato de los “cuadernos”. Otro de los apuntados es Aldo Roggio, (ahora fuera de la asociación ilícita y sólo procesado por cohecho), aunque aparece en las declaraciones de Clarens (aproximadamente u$s3 millones) y también como arrepentido en el tramo “transportes” con el 5% del monto de subsidios de manera mensual entregados a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Turno de Casación

Baratta ingresó el pedido de excarcelación a Casación, con lo que podría ser analizado durante el transcurso de enero por las autoridades de feria. El otro escrito, apuntó específicamente sobre directivos del Grupo Techint: son dos, Carlos Bacher y Daniel Novegill. El primero era director de la constructora y el segundo el de Siderca/Siderar con incidencia en Sidor que estaba en Venezuela y eje de la coartada del holding al admitir pagos al gobierno kirchnerista. De refilón, también Marcelo Mindlin recibió menciones. Más allá de que le fue dictada una falta de mérito que la Cámara Federal no analizará por estar convalidada por los fiscales Carlos Sotornelli y Carlos Rívolo, Baratta señala que en el juzgado jamás cruzaron sus llamados telefónicos con el dueño de Pampa Energía. Aun así, dijo que el empresario en su indagatoria dijo la verdad sobre nunca haber pagado ni haber sido conminado a entregar sobornos por esa firma.
Excluidas

Baratta apuntó en su escrito a otras firmas (por ahora) irradiadas de las esquirlas de la investigación: Riva SA, Fontana Nicastro, Marcalba y Farallón –de Eduardo Gutiérrez enjuiciado como testaferro de José López por ser el supuesto dueño de la casa donde vivía el exfuncionario-. Todas ellas, aseguró, tienen en común haber sido aportantes de campaña de Cambiemos. También acumularon menciones de Wagner sobre reuniones en la “camarita” para organizar el reparto de obra pública cartelizada. La contracara de “cuadernos” ha sido Odebrecht: de las obras en la mira, la Justicia consideró que tanto la brasileña como los exfuncionarios se habían beneficiado y que del proceso de defraudación contra la administración pública habían participado las firmas que simulaban competir con el consorcio ganador, a sabiendas de que se trataba de una maniobra ficticia para darle visos de legalidad a la licitación. El ofrecimiento de “colaboración” de Baratta a Casación y a la Corte Suprema sin modificar su situación ni pedido especial generó incomodidad en tribunales. Nunca se había generado una situación semejante, con la aclaratoria que no sería un arrepentido pero que no confiaba en la instrucción del juez. Intentarán que esa brasa caliente se diluya con el paso de la feria. Una sutileza: Baratta firmó el escrito con una huella dactilar.
Crivelli

En la causa principal, Baratta volvió a apuntar a Julio César Crivelli el flamante presidente de la Cámara Argentina de la Construcción que reparte también su nuevo rol con experiencia de mecenas del arte. Recordó que fue denunciado en un listado de 1200 firmas que la AFIP investigaba por utilización de facturas apócrifas y que las empresas involucradas en la causa utilizan los servicios jurídicos de su bufete.

Entre los señalamientos del exfuncionario se contabilizan varias advertencias: detallar la participación de Cartellone (llamativamente excluida de cualquier consideración en el caso pese a que cuenta con 12 menciones en el Excel aportado por Clarens de supuestos pagos) o de la propia Eleprint, de Gustavo Weiss, antecesor de Crivelli en el momento del estallido del escándalo. Sobre Dycasa señaló también una cuestión desigual en la investigación; y sobre EMEPA, de Gabriel Romero, indicó que son sugerentes los motivos por los cuales no se les revocó la concesión de la Hidrovía. Una pista interesante que sugirió Baratta fue que Clarens no dijo toda la verdad en su indagatoria cuando afirmó que en 2013 algunas empresas llevaron dinero para la campaña electoral K y recordó en particular a Esuco (Wagner), Cartellone, Chediak y Roggio. La locación de esos encuentros era en un departamento de Puerto Madero cerca del Hotel Faena. Allí se graficó que no había extorsión y que tampoco incidió la “cartelización” que describía Wagner. Ese departamento, supuestamente, era de un exasesor y exfuncionario del exsubsecretario de Obras Públicas José López. Parte del listado de Clarens es clave: allí se describen maniobras de sobreprecios por las obras otorgadas. Esa lista puede causar un cisma.
Misión “emprolijar”

La Cámara Federal recibió una orden indirecta de la Corte Suprema para “emprolijar” la instrucción de la causa “cuadernos” con su fallo del jueves pasado. No hubo sorpresas por el aparente beneficio a los empresarios con el cambio de calificación. La orden no escrita apuntaba a homologar cierto criterio jurídico a lo que los operadores judiciales analizan como una “maraña” difícil de decodificar que fueron los primeros procesamientos dictados por el juez. La intención era que escale lo más ordenadamente posible ante el “apuro” que perciben en Bonadio para elevar a juicio el primer tramo del expediente, en tiempo record para Comodoro Py. La Oficina Anticorrupción, una de las principales querellantes analizarán los alcances de lo dispuesto por el tándem Bruglia-Bertuzzi pero no bajo el cariz de una apelación que, en términos legales, no tendría asidero en Casación por no tratarse de sentencia firme o equiparable. Si nada obstruye una eventual elevación, apostarán por no extender los plazos. La fiscalía había sido mucho más dura con todo el paquete y al menos simularon que las prisiones preventivas debían extenderse a todos los que hubieran sido procesados por asociación ilícita y decenas de hechos de dádivas o cohecho. La Cámara sólo los conformó revirtiendo la falta de mérito a los supuestos “valijeros” por parte de las empresas, señalados en los “cuadernos” como los entregadores del dinero de parte de sus jefes.

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