Revés Judicial para Rocchia Ferro ante la Cámara Federal de Casación

Se investigó la presunta contaminación ambiental producida por el Ingenio Aguilares, en el año 2007, en la que Alberto Rocchia Ferro se desempeñaba como director de la firma. Ahora, la Cámara Federal de Casación resolvió: “Hacer lugar” al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General, Dr. Antonio Gustavo Gómez, que recurrió el decisorio de la Cámara Federal de Tucumán que sobreseyó al empresario y ordenó el archivo de la causa. En efecto, los miembros de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Carlos Alberto Mahiques, Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Proscretaria de Cámara, doctora María Victoria Podestá, dictaron sentencia en la causa N° FTU 400619/2007/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “Rocchia Ferro, Jorge Alberto s/ recurso de casación”. Representó al Ministerio Público Fiscal el doctor Raúl Omar Pleé y a la defensa particular de Jorge Alberto Rocchia Ferro, el doctor Eduardo Enrique Rothe.

Días pasados, la Cámara Federal de Casación resolvió: “Hacer lugar” al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General, Dr. Antonio Gustavo Gómez, sin imposición de costas; Anular la resolución obrante a fs. 742/747 vta., así como su antecedente obrante a fs. 702/706 vta. y devolver las actuaciones al juzgado instructor a fin de que continúe con las actuaciones según su estado (arts. 123, 471, 530 y 531 del C.P.P.N.). Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada Nº 42/15 C.S.J.N.) y remítase la causa al Tribunal de origen, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

En la presente, se investigó la presunta contaminación ambiental producida por el Ingenio Aguilares en la que Alberto Rocchia Ferro se desempeñaba como director de la firma que explotaba el ingenio (Fericar S.A. – Konable S.A). El suceso atribuido consistió en el vertido de las efluentes líquidos que el ingenio arrojaba al cauce del Rio Medina, que desemboca en el Río Sali y a su vez en la cuenca del Dique Frontal, donde se constató altos niveles de “Demanda Bioquímica Oxigeno” y “Demanda Química Oxigeno” a través de la toma de muestras efectuada el 31 de agosto de 2007, de acuerdo a las conclusiones del peritaje químico ambiental efectuado por Gendarmería Nacional .

El Fiscal General, Antonio Gómez, planteó el recurso de casación en contra de una resolución de la Cámara Federal de Tucumán, el 23 de mayo de 2017, que resolvió “CONFIRMAR la resolución de fecha 30 de mayo de 2016, en cuanto dispone sobreseer a Jorge Alberto Rocchia Ferro, en relación al hecho por el cual fue indagado y archivar la causa, conforme lo considerado”.

En su presentación, el recurrente encauzó sus agravios en ambos incisos del art. 456 del CPPN, por entender que la decisión cuestionada implicó una errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal, resultando prematura en atención al estado de la causa.

Estimó que el sobreseimiento dictado en favor de Jorge Alberto Rocchia Ferro fue adoptado desde una perspectiva desentendida de la verdad objetiva y del factum conformado en el legajo.

El recurrente afirmó que la posición subjetiva en la que está colocado el juzgador no debe hacer perder de vista los elementos con los que se reconstruyen la verdad objetiva, puesto que de lo contrario, la interpretación de los hechos y su posterior subsunción normativa quedaría desnaturalizada y condicionada a la discrecionalidad del magistrado.

La multiplicidad de indicios colectados en el expediente, evidencian lo desacertado de la subsunción de la hipótesis investigativa en el supuesto del artículo 336 inc. 3 del CPPN.

Indicó que en la presente causa, las pruebas son elocuentes en cuanto repite a la emisión de efluentes industriales sin tratamiento previo por parte de los directivos del Ingenio Aguilares. Ante ello así lo reflejan los elementos probatorios colectados tales, como el informe realizado por el acta de inspección de la Secretaria de Medio Ambiente de Tucumán, el 31 de mayo de 2007, que refleja la circunstancia de que los efluentes líquidos tienen un destino en el Río Medina y, a su vez, el informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual se especifica que la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxigeno no se encuentran dentro de los límites permitidos, generando un medio no apto para la vida y favoreciendo la proliferación de gran cantidad de microorganismos anaerobis y algunas baterías, virus y protozoarios los cuales son perjudiciales para la salud.

El recurrente consideró que la contradicción entre los extremos que sirven de estructura argumentativa del fallo impugnado y los indicios conformados en el expediente no dejan lugar a dudas de la orfandad de fundamentos que resista una evaluación desde la perspectiva de la sana critica, lo que parece acercar el acto recurrido al sistema probatorio de las intimas convicciones en desmedro del régimen reglado en el ordenamiento procesal en vigencia.

Expresó que el artículo 57 de la ley 24051 establece claramente los criterios de imputación de la responsabilidad penal a las personas físicas integrantes de personas jurídicas. De acuerdo a su criterio, el citado artículo ha construido un mecanismo de responsabilidad personal de los individuos que actúan a través de las personas jurídicas.

Agregó que la norma estatuye que cuando alguno de los delitos previstos en dicha ley se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicara a los directores, gerentes síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores o mandatarios o representantes de aquella que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudiesen existir. Es así como consideró que el vínculo formal legal entre Roccia Ferro y la razón social “Ingenio Aguilares” (firmas “Fericar SA” – “Konable SA”) surge de la prueba instrumental incorporada a los autos, por lo que su responsabilidad penal encuentra un sustento legal indiscutible.

Argumentó que la ley 24.051 determina que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos quedarán sujetos a sus disposiciones; y que considera peligroso todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmosfera o el ambiente en general en particular los indicados en el Anexo UI o que posean alguna característica de las enunciadas en el Anexo II (arts. 1 y 2).

Indicó que el art. 55 de ese cuerpo legal sanciona al que utilizando los residuos a que se refiere la citada ley envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo el agua, la atmósfera o el ambiente en general. Que para la comisión de un delito contra la salud

pública es necesaria la existencia de un peligro común sobre sujetos indefinidos, extremo acreditado en estas actuaciones, si se tiene en cuenta el lugar por donde discurren los efluentes industriales que finalmente se depositan en el Embalse de Termas de Rio Hondo.

En este entendimiento, estimó que el ilícito que se le imputa a Rocchia Ferro se encuadra en las condiciones normativas que requiere la ley de fondo desde que los residuos hallados son “dañinos” y reunió las características precitadas en el art. 2, según se concluye en la pericia química (fs.694)

Refirió que el tipo legal se adscribe entre aquellos caracterizados como de peligro en tanto no se reprime por el resultado de la acción exteriorizada en el mundo real, sino por el riesgo que ha representado para el bien jurídico tutelado, en el caso, la salud pública, a través del ataque al ambiente.

Con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que este tipo de delitos afecta directamente el derecho humano a un ambiente sano y al acceso al agua.

En conclusión, el recurrente solicitó que se deje sin efecto el sobreseimiento del imputado dictado en autos y que se ordene su procesamiento, en orden al delito previsto por el art. 55 de la ley 24.051, y por la responsabilidad atribuida por el artículo 57 del mismo cuerpo legal.

Si bien los planteos del Fiscal General fueron atacados por inadmisibles, por parte de la defensa del emprsario, el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal es formalmente admisible toda vez que del estudio de las cuestiones sometidas a la inspección jurisdiccional surge que se ha invocado fundadamente la errónea aplicación de la ley sustantiva y procesal.

En la presente causa, se investigó la presunta contaminación ambiental producida por el Ingenio Aguilares en la que Alberto Roccia Ferro se desempeñaba como director de la firma que explotaba el ingenio (Fericar S.A. – Konable S.A). El suceso atribuido consistió en el vertido de las efluentes líquidos que el ingenio arrojaba al cauce del Rio Medina, que desemboca en el Río Sali y a su vez en la cuenca del Dique Frontal, donde se constató altos niveles de “Demanda Bioquímica Oxigeno” y “Demanda Química Oxigeno” a través de la toma de muestras efectuada el 31 de agosto de 2007, de acuerdo a las conclusiones del peritaje químico ambiental efectuado por Gendarmería Nacional. Como resultado del allanamiento llevado a cabo, se desprende que la firma Fericar SA no explotada el Complejo Febril Ingenio Aguilares desde la finalización de la zafra del año 2005, estando la tarea a cargo de la razón social Konable S.A.

Obra agregado en la causa el informe efectuado por la División Medio Ambiente de Gendarmería Nacional (fs. 281) y el peritaje químico ambiental efectuado por la Dirección de Policía Científica de esa fuerza de seguridad. Allí se da cuenta de que la muestra liquida identificada como “1” exhibe valores elevados para los parámetros de Sólidos Sedimentables en 10 minutos, Demanda Química de Oxigeno y Demanda Bioquímica de Oxigeno de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 963/99 de la Secretaria de Medio Ambiente. Se sostuvo que no es posible efectuar una corrección directa de los resultados obtenidos con la ley 24051 y la ley 26.612 debido a que los parámetros analizados no se encuentran estipulados por la normativa. Entendió que la muestra uno presenta valores elevados para los parámetros de solidos sedimentables en 10 minutos y en 2 horas, Demanda Química de Oxigeno y Demanda Bioquímica de Oxigeno de acuerdo a lo estipulado por la Resolución Nº 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán, que la muestra 2 presenta valores en exceso de los parámetros de PH, sólidos sedimentables en 10 minutos y en 2 horas, Demanda Química de Oxigeno y Demanda Bioquímica de Oxigeno de acuerdo a lo estipulado por la Resolución 1265/03 del Sistema Provincial de Salud y que las muestras liquidas identificadas como 1 y 2 presentan un valor elevado para el parámetro de la Demanda Bioquímica de acuerdo a lo estipulado por el Apartado C, ítem C-3 del Anexo I de la Resolución 1265/03.

El peritaje concluyó que teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la muestra extraída del efluente el mismo no se ajusta a lo estipulado por los arts. 2, 3, y 5 de la Resolución 1265/03 del Sistema Provincial de Salud.

Por su parte, el informe originado en la División de Policía Científica de Gendarmería Nacional afirma que se puede determinar y caracterizar la emanación gaseosa realizando un muestreo y monitoreo directo sobre la emisión de la chimenea, lo que infringiría la normativa vigente. Sostuvo que el material particulado en suspenso o material particulado sedimentable y que ambos son considerados contaminantes .

Otro informe proveniente de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA),en relación al ingenio investigado, de donde surge que de acuerdo a lo expresado por la Dirección de Policía Científica de Gendarmería Nacional, resulta indubitable que los muestreos y análisis realizados dan cuenta que la actividad producida por el establecimiento “Fericar SA-Ingenio Aguilares” causa contaminación toda vez que los análisis practicados arrojan valores por encima de los límites permitidos en cuanto a DBO, DQO, SS 10 y SS 2hs.

Asimismo, la Secretaria de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán hizo saber que el 31 de agosto de 2007, la razón social Konavle S.A. se encontraba a cargo de la explotación del Ingenio Aguilares.

Los ingenieros Juan Alberto Ruiz y Pedro Jorge Albornoz en representación del Departamento de Industria Azucarera de la Universidad Nacional de Tucumán y en cumplimiento de lo solicitado por este Tribunal, informaron que la demanda bioquímica de oxigeno (DBO mg/l) se encuentra excedida con respecto al valor promedio permitido en Tucumán y en la Nación. Precisaron que el valor consignado en exceso es de 474; en tanto los niveles permitidos por la normativa

provincial y nacional es de igual o menor a 50. Concluyeron que la demanda química de oxigeno (DQO mg/l) también se encuentra excedida en relación a los valores permitidos en Tucumán (la Nación no establece valores permitidos para ese parámetro). El valor consignado en exceso es 583 y el valor permitido por la normativa provincial es igual o menor a 250.

Explicaron que cuando el valor de DBO supera ciertos valores agota considerablemente las reservas de oxigeno producido, como consecuencia la reducción de la vida acuática por mortalidad de especies (asfixia por falta de oxígeno). El valor DQO mide toda la materia orgánica, biodegradable y no biodegradable como así también la materia inorgánica susceptible de ser degradada, siendo un término útil para tener conocimiento del grado de alteración o daño que el efluente puede producir en un ecosistema.

Delito Penal

A partir de este asunto, corresponde determinar si, como afirma el señor fiscal, la conducta de Rocchia Ferro podría quedar subsumida a alguno de los tipos penales de la ley 24.051.

La ley 24.051, sancionada el 17 de diciembre de 1991, en su artículo 2° establece que “…será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

El artículo 55 de la mencionada ley establece que: “Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

En esa línea el artículo 57 agrega que: “cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores,

mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.

De esta forma, las disposiciones penales contenidas en la ley 24.051, se dirigen a la protección de la salud y del medio ambiente y, en consecuencia, no sólo debe verificarse una concreta lesión al medio ambiente sino también la creación de un peligro, aunque sea potencial a la salud de las personas.

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