Presentan el anteproyecto de reforma del Código Penal

Lo hará Macri junto al ministro de Justicia, Germán Garavano. Redactado por una comisión de expertos, endurece las penas por delitos de corrupción y también por accidentes de tránsito e introduce figuras como la del “arrepentido”.

Luego de una cuidadosa redacción por parte de una comisión de expertos, el presidente Mauricio Macri presentará este jueves el anteproyecto de reforma del Código Penal, que endurece las penas por delitos de corrupción, también por accidentes de tránsito, introduce modificaciones en delitos informáticos y figuras como la del “arrepentido” para casos de corrupción o asociación ilícita, decomiso de bienes de delitos, entre otras enmiendas, que será enviado al Congreso para su debate.

El jefe de estado estará acompañado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien coordinó al equipo de especialistas convocado por el decreto 103 del año pasado, para el acto que encabezará en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Una de las novedades es que el proyecto promueve la ampliación de la jurisdicción de la justicia argentina para investigar los delitos de corrupción, en tanto se introduce el principio de nacionalidad activa y pasiva, de conformidad con las recomendaciones realizadas por el OCDE (organismo al que Argentina pretende ingresar).

De esta manera, la justicia argentina podrá intervenir en casos de corrupción ocurrida en otros países, como por ejemplo en Brasil -el escándalo Odebrecht surgió allí, por caso-, cuando algún argentino haya participado de la comisión de esos delitos.
Desde el inicio de la gestión de Cambiemos, una de las banderas que enarboló fue la transparencia. Pese a que el proyecto de extinción de dominio está empantanado en el Senado, con una extraña pasividad del bloque del PRO, la citada reforma plantea el recupero por parte del estado de bienes sustraídos “desde el inicio de la causa penal”.

Con respecto al recupero de los bienes sustraídos del Estado como consecuencia de los actos de corrupción, la Comisión “propone ampliar los supuestos en los que procede el decomiso, abarcando todos los bienes productos del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.

Además, se agrega la posibilidad de decomisar los bienes de manera definitiva -antes de la condena penal- cuando se investigue la comisión de delitos de corrupción, siempre que se den determinados requisitos procesales.

Para los delitos de corrupción, el anteproyecto prevé un incremento en las escalas penales, en particular para las coimas. Se busca fomentar la imposición de penas de cumplimiento efectivo “que reflejen la magnitud real del daño social que genera la corrupción, estableciendo escalas penales con de 4 a 12 años de prisión”.

Por ejemplo, se propone la modificación del delito de enriquecimiento ilícito, a fin de que abarque la totalidad del período relevante en el que puede ocurrir el aumento patrimonial no justificado del funcionario y se amplía a 6 años luego de haber cesado en el cargo (ahora es 2).

En medio de la puja del oficialismo con el sindicalismo, surge otra llamativa enmienda: se amplían los sujetos que pueden cometer este delito, incluyéndose todos los obligados por ley a presentar declaración jurada patrimonial, como por ejemplo los dirigentes de obras sociales.

También se agrava la figura de “lavado de activos” en caso que se vincule a un funcionario público. Además, se contempla la figura del colaborador eficaz o “arrepentido” para los delitos de soborno trasnacional, asociación ilícita, y delitos de corrupción. Así se prevé la reducción de pena para la persona que “brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.

Se analiza la posibilidad de limitar los beneficios al régimen de cumplimiento de pena actualmente previstos en el sistema penal para las personas, como la libertad condicional.

Por otra parte, el proyecto aumenta la pena de los siniestros viales; se decide mantener la culpa temeraria, categoría ya prevista por una ley reciente.

En pleno siglo XXI el anteproyecto trata temas como la pornografía infantil, el fraude informático, el daño informático con acceso ilegítimo, la suplantación de identidad, el daño a una infraestructura crítica (los poderes del Estado y los centros de salud), el grooming (acoso virtual) y la porno venganza con la difusión de videos íntimos.

También se estudia la posibilidad de crear un nuevo apartado referido a los delitos perpetrados por los barrabravas del fútbol. “Se prevé la creación de un tipo especial de asociación ilícita en su ámbito con penas de prisión, castigando además su financiamiento. Así también, se piensa en tipos penales que reemplacen a actuales infracciones como el ingreso y guarda de pirotecnia. Y agravantes específicas para delitos como el homicidio, homicidio culposo, el hurto, el robo, las lesiones”, plantea la iniciativa.

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