Fallo incómodo causa terremoto político por preventiva a Cristina

El juez Claudio Bonadio arrojó un hierro candente hacia la política, tras descerrajar el procesamiento con prisión preventiva a la senadora electa Cristina de Kirchner por la firma del Memorándum con Irán, y derivar su pedido de desafuero para que el nuevo Senado lo defina. El magistrado cumplió así con el horizonte que se perfiló desde que el Poder Judicial impulsó la reapertura de la investigación iniciada por la endeble denuncia por encubrimiento agravado planteada por el fiscal Alberto Nisman contra la cúpula del Gobierno kirchnerista. Y que, luego, se unificara con su “melliza” por traición a la Patria. Ayer, nuevamente se aplicó la “doctrina Irurzun” para disponer las prisiones en base a los lazos de poder residual de exfuncionarios, a los que se agregaron otros agravantes para que el piquetero Luis D’Elía, el exQuebracho Fernando Esteche y Jorge “Yussuf” Khalil sean inmediatamente encarcelados. El exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini ya había sido detenido durante la madrugada, en Río Gallegos. Lo seguía personal policial de civil por orden del juzgado.

El pelotón de procesados incluyó una orden de prisión domiciliaria para el excanciller Héctor Timerman, que atraviesa una delicada situación de salud. En tanto, Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque, el exvicecanciller Eduardo Zuain, el exsubsecretario de inteligencia Juan Martín Mena, la exprocuradora del Tesoro Angelina Abonna y el espía inorgánico Ramón Allan Bogado fueron procesados también como parte de la maniobra, se les dispuso embargos y prohibición de salir del país. Tal como adelantó Ámbito Financiero el 10 de noviembre pasado, la decisión de procesar a la expresidente por este caso estaba prevista para fines del mes pasado, de forma coincidente con su jura como senadora. La tragedia del ARA San Juan obligó a posponer su difusión, pero se logró otra coincidencia irónica para el kirchnerismo: la ola de detenciones se llevó a cabo un “7D”.

En lo conceptual, las 491 carillas insisten en que la firma del Memorándum con Irán “lograría la impunidad” de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA y que se trató de un acuerdo entre gobiernos a cambio de la normalización de las relaciones comerciales. Para encajar la tipificación de traición, consideró los atentados como “acto de guerra” por los que era responsable el Estado iraní. Y que a sabiendas de esto, los funcionarios con auxilio de intermediarios negociaron el pacto con el objetivo de que cayeran las circulares rojas y se lograra un marco de impunidad, engañando al Congreso que lo aprobó y por fuera de los canales diplomáticos oficiales. En el fallo, la hipótesis no cambia un ápice del planteo original de Nisman, y se reconoce incompleto: no fueron analizados miles de cables diplomáticos que fueron obtenidos de Cancillería.

Sin incluir como prueba el testimonio del exsecretario General de Interpol, el republicano Ronald Noble, quien desdijo a Nisman con respecto a la eventualidad de la caída de las alertas rojas, Bonadio decidió cruzarlo y dejarlo al borde de una acusación: “Nos lleva a dudar de la imparcialidad que tendría que tener Noble por su cargo y que por su relación con Timerman prestó colaboración a los imputados para armar una puesta en escena ante la sociedad argentina”. La decisión profundiza en los espacios vacíos que había dejado la denuncia de Nisman que abrió la discusión sobre si eventuales actos preparatorios siquiera constituyen un delito.

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