Arribas reiteró que no hubo delito en las transferencias que lo vinculan con Odebrecht

Arribas reiteró que no hubo delito en las transferencias que lo vinculan con Odebrecht

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, reiteró que no hubo delito en transferencias que se vinculan a la empresa brasileña Odebrecht y que se trató de una “operación comercial lícita” entre particulares, en un escrito presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal que tiene que resolver si habilita o no que la apelación de su sobreseimiento en la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia.

“Las transferencias realizadas a un particular fueron realizadas como consecuencia de una operación comercial lícita en las que no participaron agentes públicos”, sostuvo la defensa del funcionario en un escrito presentado ante la sala III del máximo tribunal penal del país.

Este tribunal debe decidir si hace lugar o no a un planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que la Corte revise el sobreseimiento dictado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, explicaron fuentes judiciales.

La defensa del funcionario presentó un escrito para que Casación rechace este pedido de la Procuraduría, luego de que el máximo tribunal penal confirmara el sobreseimiento.

Los camaristas Eduardo Riggi, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani quedaron en condiciones de resolver sobre el recurso de la Procuraduría para llegar a la Corte.

Arribas fue sobreseído luego de investigarse los dichos de un financista arrepentido en Brasil en el marco del escándalo conocido como “Lava Jato”, Leonardo Meirelles, quien había aludido a supuestos cobros de sobornos por parte del actual fnuncionario en el 2013, en el marco de negociaciones para la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento.

Meirelles aludió a un total de 850.000 dólares pero la defensa de Arribas sostuvo que hubo un pago de 70.495 dólares depositados en una cuenta bancaria en Suiza como parte de una operación de venta de bienes muebles entre particulares.

Casación rechazó la apelación de la Procuradiría al sobreseimiento al interpretar que los hechos ocurrieron en 2013, cuando Arribas no era funcionario público, por lo cual el organismo no estaría habilitado a intervenir en el caso.

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